El Colegio de Farmacéuticos mostró su descontento ante el fallo de Procuración de la Nación a favor de Farmacity

Mientras el Concejo Deliberante respaldó al sistema de salud, la Procuración apoyó los negocios de un funcionario público”, consideraron.

En un comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos de Chascomús, expresaron su desacuerdo con la medida que tomó la Procuración General de la Nación a favor de las farmashoping.
El mismo sostiene lo siguiente:

“Mientras el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús votó de manera unánime sendas resoluciones en apoyo al sistema de salud, respaldando la Ley 10.606 y planteando al Colegio de Farmacéuticos la necesidad de contar con farmacias en ciertos barrios de la ciudad, la Procuración General de la Nación tomó una medida a favor de las farmashoping, un claro ataque al federalismo en defensa de los negocios de un funcionario público.
En su dictamen, los procuradores fiscales Laura Monti y Eduardo Casal recomendaron hacer lugar al recurso de queja presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri y uno de los hombres más fuertes del Gobierno, y su cadena Farmacity, donde supo ser CEO y ahora es por lo menos accionista, para revocar lo actuado por la justicia bonaerense.
Según esta resolución no vinculante (es sólo una recomendación) que contradice cuatro fallos de la justicia bonaerense, el artículo 14 de la Ley de Farmacias 10.606, que rige la provincia de Buenos Aires desde el año 1987, es “inconstitucional”. Este artículo establece que las farmacias de la provincia de Buenos Aires sólo pueden ser sociedades de responsabilidad limitada (SRL), empresas unipersonales, o mutuales, pero en ningún caso una Sociedad Anónimas, con el objetivo de garantizar que se rijan por los principios de servicio público y no como un comercio, que es el espíritu de esta ley; que establece además en su artículo 3 que las farmacias deben estar racionalmente distribuidas en el territorio provincial para garantizar el acceso a los medicamentos a toda la población, no sólo los grandes centros urbanos donde la dispensación de medicamentos puede ser una actividad lucrativa.
El dictamen dado a conocer el jueves pasado es “escandaloso” ya que dejaría al descubierto la injerencia del poder político sobre la justicia para beneficiar los intereses privados y comerciales de un funcionario público y es un caso más de “conflicto de intereses”. Quintana, fundador de Farmacity y directivo del grupo Pegasus hasta antes asumir como vicejefe de Gabinete de Macri, fue quien inició esta demanda en el año 2010 y hoy estaría haciendo uso de sus influencias políticas para hacer avanzar la causa a favor de la empresa Farmacity, en la que todavía tiene el 3% de las acciones.

El conflicto se remonta a 8 años atrás, cuando Farmacity intentó instalar una farmacia en Pilar y la habilitación fue denegada por el Ministerio de Salud Bonaerense. El entonces director de Pegasus hizo diversas presentaciones para destrabar el ingreso de su farmashoping a la provincia, que le fueron rechazadas.
Igualmente, a pesar de la que Corte Suprema de Justicia Bonaerense se pronunció en su contra, siguen las presiones y los intentos de declarar inconstitucional algunos artículos clave de la Ley de Farmacias. De manera muy “sorpresiva”, el dictamen de la Procuración General de la Nación se pronunció dos días después de que Quintana declarara públicamente que se iba a desprender del 3% de las acciones que todavía tiene en Farmacity para evitar “conflictos de Intereses”.
Cabe destacar que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires no se pronuncia en contra del ingreso de Farmacity a la Provincia, sino que de hacerlo, lo haga ateniéndose a las reglas establecidas por la Ley 10.606, que busca mantener a las farmacias como servicio público y garantizar el acceso a los medicamentos, y no convertirlas en empresas de lucro y “farmashoping”.
Además, en las provincias en las que Farmacity se instaló con sus cadenas, generó el cierre de las farmacias de barrio, y tendría un poder monopólico en el establecimiento de precios de medicamentos.
Por lo pronto, este fue el pronunciamiento del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos tras el fallo de Monti y Casal http://www.colfarma.info/colfarma/un-dictamen-escandaloso/
A contramano del dictamen no vinculante los procuradores fiscales, y casualmente durante el mismo jueves pasado, el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, como ya había sucedido en otras localidades bonaerenses, se manifestó a favor de la no vulneranación de la Ley 10.606 y en contra del ingreso irrestricto y sin atenerse a tal norma de Farmacity a la provincia. Además, los concejales solicitaron al Colegio de Farmacéuticos la posibilidad de brindar soluciones a barrios que hoy carecen de tal servicio de salud. La resoluciones completas pueden apreciarse en los siguientes links:
• Apoyo a la Ley 10.606 por parte del Concejo Deliberante de Chascomús http://colfarma.info/colfarchascomus/concejo-deliberante-de-chascomus-expediente-n-1853-r-apoyo-a-la-ley-10-606/
• Farmacias en barrios sin cobertura http://colfarma.info/colfarchascomus/botiquines-farmaceuticos-expediente-n-1849-r-concejo-deliberante-chascomus/
Por su parte, Luis Ferrari, presidente del Colegio sostuvo: “Desde Chascomús, seguiremos apoyando las acciones de Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) a nivel provincial y luchando para que la Corte Suprema de la Nación haga justicia y demuestre que puede mantener su independencia frente a las presiones políticas del poder de turno, y a favor de la salud pública y las farmacias de barrio”.

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