El Gobierno nacional le reclama a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios el pago de más de 1.200 millones de dólares como resarcimiento por los daños ocasionados «por los hechos de corrupción».
El pedido se hizo expreso a través de Vialidad Nacional, quien participa en el expediente por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo a favor de Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, como «actores civiles».
La causa está próxima a ser elevada a juicio oral a partir del pedido de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques contra Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
En esa investigación a cargo de Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública con un embargo de 10.000 millones de pesos.
Además están procesados De Vido, López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante el kirchnerismo, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
En total se relevaron 52 contratos con irregularidades que habrían incluido sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal.
El procesamiento de la ex Presidenta y actual senadora por la obra pública en Santa Cruz fue confirmardo por la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró probada la existencia de una asociación ilícita entre mayo del 2003 y diciembre de 2015, durante los gobiernos kirchneristas, formada para «cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
Según la acusación fiscal, hubo un entramado delictivo ideado «desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos» como la «designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Báez».
Según definieron los fiscales, Báez era el «amigo presidencial» y pasó de ser empleado del Banco de Santa Cruz a fundar su constructora en coincidencia con la llegada del fallecido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación.
De esta manera su patrimonio creció entre 2004 y 2015 en un 12.127 por ciento con la compra de bienes por 205 millones de dólares, parte de los cuales eran incorporados al «patrimonio de los ex presidentes».
Los fiscales aludieron a una «operatoria criminal» para «montar una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos» para lo cual se asignaba la obra pública de manera «discrecional» y en un 80 por ciento favoreció a las empresas del grupo Báez con «Austral Construcciones» a la cabeza.
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