Integrantes del oficialismo y la oposición volvieron a verse las caras en la comisión de Juicio Político. El jueves próximo se votará la admisibilidad de la investigación a los magistrados.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados repasó cada una de las acusaciones que fundan los pedidos de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en lo que fue el antesala de la reunión clave que tendrá lugar el próximo jueves. El objetivo es declarar la admisibilidad de la investigación, instancia previa a la apertura del sumario para la producción de la prueba contra los magistrados.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, adelantó al término de la reunión que pese a que las acusaciones son diferentes y no todas involucran a los mismos integrantes del máximo tribunal, la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple.
Este método motivó el rechazo enérgico del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien reclamó una modalidad de votación que permita deslindar las distintas acusaciones, teniendo en cuenta que el espacio que lidera Elisa Carrió tiene la decisión de votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, pero no el resto de las acusaciones contra el tribunal.
“Una vez declarada la admisibilidad y la investigación y producción de prueba vamos a tener los dictámenes y ahí la Coalición Cívica tendrá la oportunidad de dictaminar contra Lorenzetti”, respondió Gaillard respecto de la controversia que se avecina.
Por su parte, en la misma conferencia de prensa que tuvo lugar en una sala contigua al auditorio donde se llevó a cabo la reunión de comisión, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley afirmó que están dadas las condiciones de la admisibilidad pero hay que hacer un informe sustancioso y fundado”.
Las exposiciones de los impulsores de los pedidos de juicio político
En este segundo capítulo del procedimiento de juicio político, los protagonistas fueron los impulsores de los proyectos de ley presentados con el objetivo de desplazar a los magistrados e inhabilitarlos de por vida a ejercer cargos públicos.
Al correr el telón del segundo acto, Gaillard brindó un mensaje protocolar introductorio y luego le cedió la palabra a la primera expositora de la jornada, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago. Oliveto fue coautora del pedido de juicio político que en 2017 encabezó Elisa Carrió contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien en ese entonces oficiaba como presidente del supremo tribunal.
La diputada opositora recordó que el pedido de juicio político se presentó cuando Cambiemos era Gobierno y no contó con el acompañamiento del resto de los bloques del PRO y de la UCR.
Además, apuntó contra Lorenzetti por falta de “idoneidad” y “transparencia” en el desempeño de sus funciones y lo acusó de ser “articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito del Poder Judicial”.
La diputada de la Coalición Cívica enumeró los 29 hechos que se le imputan, y denunció especialmente el “manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios” y la “transferencia de estructuras propias del ámbito del Consejo al ámbito de la Corte Suprema” para la “concentración del poder” en la Justicia.
También mencionó la “debilidad en el proceso de control interno” en lo que refiere a auditorías, caja y rendición de cuentas.
Y cuestionó a Lorenzetti por “sospechosos sorteos de causas” e irregularidades en los procesos de informatización de los tribunales del Poder Judicial.
A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés desarrolló las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos, en detrimento de las provincias. “Es una misión y función propia del Congreso”, aseguró.
Al respecto, señaló que es “inadmisible” que el supremo tribunal haya desestimado el pedido de un grupo de gobernadores oficialistas -a quienes definió como “agentes naturales del Gobierno Federal”- para presentarse como “amicus curiae” del tribunal en esta causa.
En este sentido, puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por “tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto”, a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro.
En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.
“Quieren decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura”, denunció, y señaló que a raíz de esta “invasión” de competencias se lo acusa a Rosatti por el delito de abuso de autoridad.
El legislador del Frente de Todos también repasó la denuncia contra la Corte por “declarar inconstitucional” la ley del Consejo de la Magistratura “sancionada 15 años antes” para “resucitar una ley derogada” en 2006 con el único objeto de colocar a Rosatti como titular del órgano encargado de la selección y eventual remoción de jueces.
En este sentido, el oficialismo sumó como causal de juicio político la denuncia al presidente de la Corte por “violar la ley de Ética Pública” y por “prevaricato” por “acomodar las mayorías para presidir” el Consejo de la Magistratura.
En tercer lugar, Valdés indicó que el Frente de Todos denuncia a Rosatti por mal desempeño por el caso “Muiña”, el fallo con el que la Corte intentó beneficiaren 2017 con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar. A raíz de la instantánea y masiva movilización en repudio a aquel “fallo del 2×1” a favor de los genocidas, el tribunal tuvo que volver sobre sus pasos y revocar su decisión
Por último, el integrante de la bancada oficialista mencionó la denuncia por mal desempeño a los cuatro integrantes del tribunal por “la administración ineficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados de esa obra social”.
Otros expositores fueron la diputada nacional del Frente de Todos María Rosa Martínez, Claudio Rocca (Asociación Argentina de Juristas), Federico Méndez (Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales), y los denunciantes particulares Ricardo La Greca, Diego Sánchez, Pablo Llonto y Patricia Isasa.
Esta última es una ex detenida por la dictadura militar que siendo adolescente, en 1976, fue secuestrada, torturada y violada por Eduardo Ramos, un represor que en los años 90 terminaría siendo empleado de Rosatti durante su mandato como intendente de la Ciudad de Santa Fe. La mujer relató las peripecias que debió atravesar para que el represor fuera condenado, y reveló que Rosatti la ignoró cuando en una reunión acontecida en febrero 1998 le quiso advertir sobre el prontuario criminal de su subordinado.
La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas estuvo presente en la reunión de comisión acompañando los pedidos de juicio político contra los supremos jueces. (DIB)
