Julio De Vido, el ex gobernador Daniel Peralta y un empresario arrepentido, a indagatoria por la millonaria usina de Río Turbio

De Vido y Baratta fueron llamados para esta semana. En enero seguirán el ex gobernador de Santa Cruz y el primer empresario arrepentido en la causa cuadernos, Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux-Corsan, entre otros.

El ex ministro kirchnerista Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos por la causa de los cuadernos de la corrupción, volverán esta semana a los tribunales federales por orden del juez Claudio Bonadio. Pero esta vez el juez los llamó a indagatoria por una vieja causa que fue cerrada en dos oportunidades y reabierta por la Cámara Federal: la Usina de Río Turbio, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.
Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, además de De Vido y Baratta, también fueron citados a indagatoria otros ex funcionarios, entre los que está el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y un grupo de empresarios de la firma Isolux-Corsan, encabezados por Juan Carlos De Goycoechea, el hombre de negocios que abrió el dominó de «arrepentidos» en la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El fiscal Guillermo Marijuan había pedido a fines de agosto las detenciones de los implicados. El juez Bonadio decidió ahora los llamados a indagatoria. Las declaraciones comenzarán el próximo jueves con De Vido y se extenderán hasta el 11 de enero. Para eso, Bonadio habilitó la feria, alertando un verano activo en los tribunales de Comodoro Py.
Puntualmente, Bonadio entendió que en base a «los elementos que se han ido incorporando a la causa tanto por su especificidad como por su volumen» ahora sí «se ha configurado el grado de sospecha suficiente» para llamar a indagatoria a los imputados.
«Se habría perpetrado un significativo perjuicio patrimonial al erario público a raíz de la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, lo cual comprende tanto los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos y directivos de la contratista que intervinieron en el trámite de la licitación 12/06 del Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad ‘llave en mano’ que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional», estableció el juez. La investigación, dijo Bonadio, incluye «los actos llevados a cabo concomitante y posteriormente portal de funcionarios y directivos de la UTE contratista durante la construcción».
El 14 de diciembre de 2007, el Estado firmó un acuerdo con la empresa Isolux Corsan -aún pese a las observaciones realizadas por la Comisión Evaluadora- para la construcción de una Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio. Las advertencias aludían a que no estaba solucionado el problema de las toneladas de ceniza que generaría la central ni tampoco cómo la mina iba a generar 240 MW, si la capacidad de producción era de 120.000 toneladas al año.

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