Tras la primera sesión del Concejo Deliberante de Chascomús, se dio a conocer una respuesta oficial del Departamento Judicial de Dolores que establece con precisión los límites de las facultades de información entre el Poder Judicial y el Legislativo local. El hecho se originó a partir de un expediente impulsado por los bloques de la UCR, La Libertad Avanza y Potencia, mediante el cual se solicitaba a la UFI Nro. 9 detalles sobre investigaciones criminales, imputaciones y el desempeño policial en el distrito.
A través de una nota formal, el Fiscal General del Departamento Judicial de Dolores, Dr. Diego Leonardo Escoda, comunicó al cuerpo deliberativo la imposibilidad jurídica de cumplimentar dicha solicitud basándose en el artículo 47 de la Ley 14.442. El magistrado señaló que los integrantes del Ministerio Público no pueden suministrar información judicial de su competencia, ya que esto podría afectar directamente la seguridad o la privacidad de las personas involucradas. El dictamen aclara que el carácter de reserva es esencial en el trámite de las investigaciones, dado que de ello dependen tanto la eficacia del proceso como el éxito de los trámites judiciales en curso.
Más allá de la reserva de las causas, el Fiscal General brindó precisiones institucionales sobre el funcionamiento del sistema de seguridad. Citando la Ley 12.154, con sus modificaciones según las leyes 12.987 y 13.210, Escoda recordó que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado. En este sentido, la normativa vigente establece que el mantenimiento de la seguridad pública le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y que el Gobernador, en su carácter de Jefe de la Administración, es el responsable directo de la implementación de las políticas del sistema. De esta manera, las bases jurídicas para la gestión, formulación y control de estas políticas se encuentran bajo la órbita del Ejecutivo provincial y no de los órganos judiciales.
Finalmente, la respuesta judicial destacó que, si bien la información general no puede ser ventilada ante el Concejo, existe un canal específico para los afectados directos. Dentro del ámbito de las Fiscalías Descentralizadas funciona el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y trabajadores sociales que se encarga de informar y guiar a las víctimas directas de los delitos durante todo el trámite del proceso. Con esta aclaración, la Justicia de Dolores clarifica que los canales para debatir políticas de seguridad deben dirigirse a las autoridades provinciales competentes, preservando la independencia y el secreto de las investigaciones judiciales.
