El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ordenó, en su carácter de jefe de los fiscales nacionales y federales, restringir los casos en los que estos deban autorizar un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation).
Lo ocurrido con Jair Steven Jurado Mora, el motochorro colombiano que robó y fue liberado por una probation tras pagar $700, generó un debate que comenzó en los medios e involucró a diversos dirigentes políticos que se pronunciaron al respecto.
El 22 de enero, el hombre de 25 años le robó el celular a una joven de 18 en Almagro. Tras ser detenido por la Policía, la jueza de instrucción Patricia Guichandut le concedió la probation, decisión que contó con el acuerdo de la defensa y la fiscalía.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los funcionarios que se mostró indignado por tal resolución: «El año pasado agarramos a más de 200 y ninguno está preso», había expresado.
El acusado no recibió una pena sino la aplicación de reglas de conducta, como la de presentarse en Migraciones para regularizar su situación. La irrisoria suma de dinero que abonó fue para «resarcir a la víctima». Luego, fue liberado.
Mediante la Resolución PGN Js/2019, Casal les ordenó a todos los fiscales nacionales y federales a que se opongan a una suspensión de un juicio penal en los casos de corrupción de funcionarios públicos y en los hechos de robos simples reiterados o con el uso de vehículos, como el del colombiano Jurado Mora.
El instituto de la probation otorga la posibilidad a un imputado de delitos con penas menores a tres años, de solicitar la suspensión del juicio a prueba. Al presentar la solicitud, el imputado ofrece hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad correspondiente. Se le asignan tareas comunitarias para pagar su deuda con la sociedad y no se considera que fue culpable de un delito.
