Oscar Parrilli pidió la nulidad de la causa de los cuadernos y recusó a Claudio Bonadio

El ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, pidió la nulidad de la causa en la que se investigan los cuadernos que detallan pagos de coimas de empresarios a funcionarios del gobierno anterior. Además, recusó al juez del caso, Claudio Bonadio.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo hicieron los abogados de Parrilli, Roberto Boico y el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, en dos presentaciones. La defensa solicitó que el juez no siga interviniendo en la causa hasta tanto se resuelva su recusación.
Los abogados plantearon varias objeciones sobre la causa para pedir su nulidad. Una fue que el expediente quedó radicado en el juzgado de Bonadio «de una manera extraña» porque se inició dentro del expediente del Gas Natural Licuado y sin el sorteo mediante la Cámara Federal.
«Si ello es así, entonces, pareciera que no fue un error o una equivocación, sino fruto de una maniobra oculta e ilegal para radicar esta causa en el juzgado nro. 11 del fuero, quizás con el propósito de que aquí sustanciarían imputaciones contra funcionarios del anterior gobierno», señaló la defense en su escrito y explicaron que el planteo lo hicieron por las informaciones publicadas en los medios ya que no tuvieron acceso a la causa porque se encuentra bajo secreto de sumario.
Otra objeción fue sobre Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y quien escribió los cuadernos. Señalaron que al abogado de Centeno, Norberto Frontini, se le impidió tener la entrevista personal antes de la indagatoria. Sostuvieron que Centeno preguntó por él y que luego que el chofer estuvo reunido 40 minutos con el fiscal federal Carlos Stornelli desde el juzgado le dijeron que había renunciado al patrocinio y que iba a tener un defensor oficial.
«Es decir, al detenido Centeno lo privaron de ser asistido por su abogado, lo tuvieron en un despacho «negociando» con el fiscal sin asistencia letrada (tal como taxativamente lo exige la ley 27.304 en su artículo 8) y finalmente lo «convencieron» de que designara al defensor official», criticaron Boico e Ibarra.

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