El gobierno de Mauricio Macri decidió, mediante una resolución del Ministerio de Energía, eliminar la tarifa social, que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad. La medida -Resolución 122/2018- lleva la firma de Javier Iguacel y establece la eliminación del beneficio mediante su traspaso a las Provincias.
Se trata de una medida complementaria del traspaso de las concesiones y, en los hechos, deja al 28 por ciento de los usuarios del Conurbano Bonaerense sin el beneficio, al menos hasta que el gobierno de Vidal, si así lo decide, instrumente una medida que significará un desembolso extra de subsidios, más allá de los 25 mil millones que implica el traspaso del sistema de transporte interurbano, otro de los «regalos» que el acuerdo con el FMI le entregó a Buenos Aires.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40 por ciento a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. El problema es que hoy, la normativa provincial cobija al 2 por ciento de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
En la resolución se expresa que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones”.
La quita del beneficio será un impacto demoledor que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30 por ciento para los usuarios residenciales. Vale recordar que las distribuidoras del interior acumulan desde la llegada de Cambiemos al poder un 500 por ciento de aumento, en tanto que para el caso de la platense EDELAP el porcentaje se acerca a 1.000. Sólo resta la firma del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que se sume un 30 por ciento más.
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