Ahora se cumplen 100 días de esos primeros allanamientos y detenciones. «Fue un trabajo inédito y exitoso de colaboración con la Justicia, que produjo cambios en la consecución lógica de los hechos», aseguró el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, en una de las numerosas conferencias que dictó desde entonces. Es que la causa judicial se inició con su denuncia, luego de varios meses de investigación, a partir de conseguir los «cuadernos» de Centeno y chequear la veracidad de la información que figuraba ahí.
La causa ya tiene 47 procesados, entre los que se destacan la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchos de sus funcionarios y empresarios como Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-. A todos ellos el juez Bonadio les trabó embargos millonarios, alcanzando los $ 4.000 millones para la ex Presidenta, a quien acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que desde el Estado recaudaba fondos ilegales. De hecho, ella no está presa sólo porque tiene fueros como senadora nacional.
Unos 26 empresarios, políticos y hasta el chofer Centeno declararon como «arrepentidos» ante la Justicia y contaron cómo funcionaba el circuito de la corrupción kirchnerista en la obra pública. Muchos de los implicados pactaron con la Justicia la entrega de información sensible, a cambio de mantener su libertad y mejoras en su situación procesal. El chofer Centeno, el ex secretario José López (detenido por otra causa), Claudio Uberti, así como los empresarios Calcaterra y Carlos Wagner, entre otros, fueron excarcelados, luego de convertirse en imputados colaboradores, según los acuerdos a los que llegaron con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, homologados por el juez Bonadio.
Y hay 17 detenidos, entre los que se destacan Baratta y otros ex funcionarios kirchneristas, como el ex secretario de Julio De Vido y ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), José María Olazagasti; Hernán Gómez, también secretario de De Vido; Rafael Llorens y Nelson Lazarte, ex funcionarios del disuelto Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, ex director de promoción de Energías Renovables; Walter Fagyas, quien estaba a cargo de la empresa estatal Enarsa y Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá.
Entre los empresarios, están detenidos Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); Raúl Vertúa, de Servicios Vertua SA; Néstor Otero, de Trenes de Buenos Aires; y Carlos Mundin, de la firma BTU.
También fue detenida, pero hace pocos días, Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Nestor Kirchner. Y dos personas acusadas de trabajar para ella en el lavado de más de US$ 70 millones: Carlos Gellez y Perla Puente Resendez.
Leave a Reply