Chascomús forma parte de los 18 municipios que prohíben la pirotecnia

Son 135 distritos

La Defensoría del Pueblo de la Provincia impulsa la aprobación de una ley de prohibición de pirotecnia – Las empresas fabricantes se oponen y dicen que generará pérdida de puestos de trabajo.

El uso de la pirotecnia en las fiestas revive un fuerte debate respecto a los daños que provoca, una problemática que queda en evidencia ante la falta de límites que se le aplica a esta práctica en la Provincia: sólo 18 de los 135 municipios cuentan con ordenanzas que la prohíben.
Este relevamiento hecho por la Defensoría del Pueblo bonaerense marca la falta de impulso para poner freno al uso y comercialización de fuegos de artificio, lo que posibilitaría prevenir las graves consecuencias.
“Es necesaria una ley provincial que apunte a avanzar y establecer la prohibición de la fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y uso de artículos de pirotecnia”, sostuvo el Defensor del Pueblo.
Vale recordar al respecto que en el mes de septiembre, el Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley en esta dirección. La iniciativa, firmada por el senador chivilcoyano Norberto García (PJ), fue girada a la cámara baja para que su aprobación definitiva.
Si bien en algunas comunas existen proyectos de ordenanzas para avanzar hacia la prohibición, que sólo el 10% de los municipios cuenten con normas de este tipo reflejan que “queda un largo camino a la hora de proteger la salud, la tranquilidad, bienestar y seguridad de las personas y de los animales”.
Con este objetivo, la Defensoría realizó una recomendación a todos los municipios y envió un modelo de ordenanza para la prohibición de la fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte y uso de artículos de pirotecnia.

Los distritos que se oponen
Entre los distritos que se oponen al uso de fuegos de artificios figuran Chascomús, Junín, Lezama, Florencio Varela, General Alvarado, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Avellaneda, Bragado, Berazategui, Salliqueló, Rivadavia, San Pedro, Ramallo, Olavarría, Chivilcoy y Berisso.
Este panorama se agrava al analizar lo que sucede con los bebés, los ancianos y las personas convalecientes, que soportan con incomodidad y malestar el ruido ensordecedor y la contaminación acústica provocada por estos artefactos.
También las personas con discapacidad e hipersensibilidad sensorial, como es el caso de los autistas, sufren las consecuencias de la pirotecnia: miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente.
En el caso de los animales, la pirotecnia también genera distintos efectos, de diferente intensidad y gravedad. Los animales domésticos suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o extraviarse, así como correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse.

En Chascomús
En Chascomús, la ordenanza surgió del sector opositor, más específicamente del bloque de “Cambiemos”, y la ordenanza, fue votada por todos los concejales de forma unánime.
Cabe destacar que también existen voces en contra, en diálogo con QM Noticias, Alejandro Paolini, vocero de la empresa Cienfuegos dedicada al rubro pirotecnia, expresó que “hay algunas ordenanzas que nosotros hemos hecho de forma consensuados con los municipios. Nosotros retiramos de la venta los 14 productos de más alto impacto auditivo”.
Entonces explicó que “ninguna legislación provincial o municipal puede ir en contra de una nacional. La ley 20.419 es la que rige a la industria y se regula su actividad. Con lo cual cada una de las ordenanzas que prohíbe en su totalidad el uso es inconstitucional, como por ejemplo la que quieren aprobar en San Vicente”.
En cuanto a cómo impactaría una prohibición total en la empresa a la que representa, contó que “hemos planteado esto en la Cámara de Diputados y los trabajadores pidieron audiencias en los sindicatos”.
“La industria genera unos cinco mil puestos de trabajo directos y unos 60 indirectos. Esos puestos de trabajo quedan pendientes de una suspensión de una actividad que es legal”, aseguró.

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