El Ministro Provincial de Seguridad se refirió al crimen de Nicolás Riccardi y dijo que la policía necesita respaldo judicial

Dijo también que bajar a 14 años la edad de imputabilidad no es una solución

 El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en entrevistas de diarios de la Capital Federal, hizo hincapié en que la labor de la policía bonaerense necesita del respaldo del poder judicial provincial para poder llevar adelante un combate exitoso contra el crimen, y tomó como ejemplo el homicidio de Nicolás Riccardi, el adolescente asesinado hace pocos días en nuestra ciudad.
Al respecto sostuvo que “el asesino de Nicolás es un adolescente que fue detenido por la policía por haber hecho lo mismo con unas tijeras con otro chico. Tuvo suerte de no matarlo. Si ese menor hubiera sido encarcelado, Nicolas no habría muerto”.
Agregó que “la policía hizo el trabajo que tenía que hacer. Si seguimos pensando que la seguridad es la policía, estamos completamente equivocados”, afirmó Alonso.
“Debemos entender que la seguridad necesita una política criminal seria por parte de la fiscalía, donde empecemos a resolver los problemas, con una persecución estratégica de los problemas que tenemos. Que son el narcotráfico y la violencia nociva. Necesitamos más jueces, necesitamos que la justicia federal se involucre en el tema de las drogas”, dijo el ministro.

La solución no es bajar la edad la edad de imputabilidad
Vale señalar que también en declaraciones a medios de prensa, se refirió a conceptos del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quién anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley de Imputabilidad para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.
“Si discutimos la edad, estamos mirando el problema por un agujerito chiquitito”, expresó el funcionario de Kicillof, y explicó que “en la provincia de Buenos Aires se aprehende por trasgredir la ley a 40.000 menores por año, “de los cuales 1.300 tienen más de 16 años”.
“De ese total, unos 500 van a institutos de menores; 400 reciben una pulsera o un control semanal y otros 400 son devueltos a sus padres. Los restantes 38.700 ni siquiera ven a un fiscal porque los devuelven a sus casas”.
En este marco, el ministro dijo que “más allá de la edad que pongas, lo que nosotros vemos es que todos estos pibes, lo que tienen en común son familias que no se pudieron hacer cargo de sus crianzas. Son pibes que viven con padres que son adictos, pibes que transitan, en muchos casos, experiencias de abuso sexual”.
Asimismo, diferencia aquellos que cometen delitos como “romper algo o manotear una cartera” y otros que comienzan a cometer delitos con un arma: “Hay varios menores que tienen 12, 13, 14, 15 años que cometen delitos con armas de fuego”.
“Va más allá de lo que vamos a hacer con la edad, acá tenemos que pensar que hay un producto de esta sociedad, que son estos 40.000 pibes, que están en esta situación, que tenemos que encontrar un régimen de responsabilidad penal común, que hay familias que no se pueden hacer cargo de sus pibes, lamentablemente, hay que ver cómo resolvemos esa situación, que para mí tiene que ser institucional y sociocomunitaria”, concluyó Javier Alonso.