En un movimiento que escala la tensión política en el distrito, los concejales radicales Santiago Dos Santos, Cintia Ardohain y Maximiliano Donato presentaron una denuncia formal ante la Delegación Chascomús del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. El documento, ingresado oficialmente el 30 de marzo de 2026, solicita una auditoría especial y la intervención inmediata del organismo para investigar graves irregularidades financieras y la falta de rendición de cuentas en la Escuela Municipal Nro. 1 «Juan Galo de Lavalle».
La presentación judicial pone el foco en una presunta malversación de fondos que alcanzaría, según estimaciones preliminares, la suma de $ 75.668.500,00. Los ediles denuncian la existencia de una estructura administrativa que habría permitido el manejo de recursos públicos y privados por fuera de los circuitos legales de registro, específicamente el sistema RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal). Según el escrito, se utilizó la identidad fiscal del Municipio (CUIT 30999267595) para operar una cuenta corriente en el Banco Provincia, lo que otorgaba a la Comuna la titularidad exclusiva y el control técnico de los movimientos, dejando a los padres y cooperadores sin herramientas de fiscalización directa como el acceso al home banking.
Uno de los puntos más sólidos de la denuncia cuestiona la postura del Intendente Javier Gastón, quien en presentaciones anteriores se habría declarado como particular damnificado, argumentando una «ajenidad» respecto al manejo de esos fondos. Los concejales refutan esta posición citando el propio Reglamento Interno de la institución, el cual establece que el Consejo de Padres depende directamente del Intendente, quien tiene incluso la facultad de revocar sus decisiones mediante resolución fundada. En este sentido, la denuncia sostiene que es jurídicamente imposible declararse un «espectador» ante la malversación de recursos cuando se ostenta la conducción política y la responsabilidad inalienable de vigilancia sobre el patrimonio que opera bajo el CUIT municipal.
Los ediles subrayan que, al ser el Municipio el titular legal de la identidad fiscal y de la cuenta bancaria, la responsabilidad sobre la custodia y fiscalización de esos activos recae de manera inalienable sobre el Intendente Municipal, el Contador, el Tesorero y los Apoderados Legales.
Se les señala por haber omitido su deber de registrar y fiscalizar activos.
El conflicto también recoge antecedentes de una denuncia penal formulada por autoridades del Consejo de Padres, donde se advirtió que los fondos aportados por la comunidad educativa durante los ciclos lectivos 2024 y 2025 no habrían sido aplicados al objeto para el cual fueron percibidos. El escrito advierte que, de confirmarse estas maniobras, los hechos podrían encuadrar en delitos previstos por el Código Penal de la Nación, tales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
En su petitorio final, los concejales exigen que el Tribunal de Cuentas determine la responsabilidad administrativa, contable y patrimonial solidaria de todos los involucrados. Asimismo, solicitan que se libre un oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires para identificar a los usuarios municipales con acceso a la plataforma BIP (Banca Internet Provincia), con el fin de constatar quiénes poseían la capacidad efectiva de control sobre la cuenta denunciada. La investigación ahora queda en manos del organismo provincial, que deberá esclarecer el destino de los más de 75 millones de pesos y determinar si existió un perjuicio real al erario público.
