Los ministros de Justicia, Gustavo Ferrari y Roberto Gigante, Infraestructura y Servicios Públicos, junto a la titular de la oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Laura Alonso, y su par provincial, Luis María Ferella, firmaron un convenio de cooperación con el fin de optimizar las políticas de transparencia en procesos de obras públicas.
El acuerdo, establece lineamientos para la adopción de sistemas, mecanismos e instrumentos que eleven los niveles de transparencia en el Ministerio de Infraestructura. Así, ambos organismos asistirán al ministerio en la identificación de vulnerabilidades e instalación de mayores capacidades institucionales para prevenir riesgos de corrupción en materia de obra pública.
«Por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, estamos avanzando en la implementación de políticas de transparencia en la gestión pública como mecanismo para prevenir la corrupción», afirmó Ferrari, y agregó que desde la OFI «trabajamos en políticas preventivas y de control de prácticas contrarias a la ética pública que pudieran ocurrir en la gestión de gobierno».
Por su parte, Roberto Gigante explicó «mediante este convenio la Oficina Anticorrupción nos acompaña y nos apoya en el proceso de reforma administrativa que estamos llevando adelante» y añadió que «un Estado ágil y eficiente es un estado transparente que da respuestas a las necesidades que hoy tiene la provincia»
Entre las acciones previstas en el convenio, se prevé el desarrollo de proyectos que contemplen la transferencia de conocimientos, experiencias y tecnologías entre estos organismos y apuntar a estrategias de sensibilización que involucren a los actores en todo lo atinente a transparencia, ética y eficiencia en la gestión pública.
También se prevé generar propuestas para movilizar procesos de participación, evaluación y control en las organizaciones del sector público, sociedad civil e instituciones académicas y científicas.
Del mismo modo, se promoverá la inclusión de las temáticas de transparencia, ética pública y calidad de la gestión pública en actividades de capacitación que alcanzarán a funcionarios provinciales y municipales.
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