El sufragio se llevará adelante el domingo 22 y el lunes 23 de marzo y está vinculado a una cuestión judicial. Será clave el voto en el exterior.
Alrededor de un millón de ciudadanos italianos residentes en la Argentina, la mitad de ellos en suelo bonaerense, deberán ir a las urnas para decidir una causa que divida al país europeo: se votará en referéndum qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa para las próximas décadas.
A diferencia de otros referéndums italianos, éste es de carácter constitucional, y no requiere alcanzar el quórum. Es decir, el 50% del padrón. Como gana el que saca un voto más que el otro, sin importar la cantidad de sufragios, pasa a jugar un papel fundamental el voto de los ciudadanos en el exterior.
Argentina aparece entonces como un actor fundamental para estas elecciones porque acumula un millón de votos, un 25% de la cantidad de sufragantes que hay en América Latina. De hecho, de acuerdo con datos de su instituto nacional de estadísticas (ISTAT), es la mayor comunidad de italianos en el mundo fuera de Italia. Se supera a Alemania (822.251), Suiza (637.417), Brasil (562.871), Francia (465.339) o Reino Unido (464.951).
En qué consiste el referéndum en Italia
El núcleo de la reforma consiste en la separación de las carreras entre magistrados y fiscales. Actualmente, los dos pertenecen al mismo cuerpo y pueden transitar entre ambas funciones a lo largo de su carrera, aunque bajo condiciones restrictivas. Se puede hacer solo una vez y en los primeros diez años de ejercicio, con obligación de cambiar distrito de procedencia, lo que en verdad hace ese tránsito poco común.
En concreto, se busca crear dos trayectorias profesionales diferenciadas, para lo que argumenta que la finalidad es fortalecer la imparcialidad de los jueces y evitar conflictos de interés inherentes a la figura del “fiscal-juez”, pero hay dudas sobre cómo se organizará y si la separación será absoluta y efectiva.
Además, la reforma divide el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) en dos órganos autónomos: uno para jueces y otro para fiscales. Introduce el sorteo para parte de los componentes del CSM, reduciendo el peso de las elecciones corporativas, que, según los promotores, favorecen la influencia de corrientes políticas o ideológicas en el cuerpo.
El asunto más polémico de la reforma es la creación de una “Alta Corte Disciplinare” independiente para los procedimientos disciplinarios, con lo que se sustrae esta competencia a la sección disciplinaria del CSM actual.
Este último aspecto resulta especialmente crítico porque no son pocas las voces que entienden que, además del enorme coste económico que conllevará, supone un incremento de la presencia política respecto de la actual CSM, con serias dudas de compatibilidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución.
Fuente: Agencia DIB
