La pulseada en Diputados es por la reforma judicial y la ley del Ministerio Público. Y sigue abierto el interrogante sobre la designación del jefe de los fiscales. El otro tema central es el futuro de las causas por corrupción. Rechazo opositor e interna oficialista
Diciembre marcó un pico en la actividad parlamentaria con la sanción de leyes trascendentes, desde la legalización del aborto al ajuste de la movilidad jubilatoria. Enero trascurre hasta ahora como la contracara y pasados los días de vacaciones no declaradas, el problema es político. El Senado espera a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene la llave y regresa del Sur la semana que viene. Y Diputados discute formalmente la extensión de su protocolo de funcionamiento, aunque la cuestión de fondo es el temario. Los proyectos de impacto judicial traban las negociaciones y el gran interrogante es cuál sería el camino para intentar revertir las causas por corrupción. Un paquete que tensa al propio oficialismo y pone en guardia a la oposición.
Existen dos proyectos que no resuelven la ecuación del Gobierno y que generan rechazo de Juntos por el Cambio. Se trata de la reforma judicial con eje en el fuero federal –que desdibujó el texto del Presidente y lleva el sello de CFK- y la modificación la ley orgánica del Ministerio Público para imponer al jefe de los fiscales. Las dos iniciativas ya cuentan con aprobación del Senado, fueron incluidas en la agenda de las sesiones extraordinarias y esperan la sanción de Diputados. Sin embargo, el panorama no es claro.
Existe otro tema con proyección incluso más grave. El terreno fue marcado por el propio Presidente al rechazar cualquier posibilidad de indulto a Amado Boudou y por extensión a todos los involucrados en causas por corrupción. Tampoco sería esa una salida para la ex presidente. Alberto Fernández dejó abierto el juego al costo colectivo del oficialismo con la salida de una ley de amnistía. Un desafío, en primer lugar al kirchnerismo duro, que buscaría otra alternativa.
Lo que está en discusión parece ser una cuestión práctica, sin considerar el daño que provocaría en el plano político e institucional. Algunos exponentes del oficialismo dejaron trascender en el Congreso que tal vez podría ser más digerible, para los legisladores propios y los necesarios aliados en Diputados, la idea de crear un tribunal dedicado a tratar arbitrariedades procesales , casi en paralelo o apenas por debajo de la Corte Suprema.
En la otra vereda, fuentes parlamentarias de la oposición admiten que ese sería un debate más complejo, porque se trata de un modelo judicial con ejemplos internacionales exitosos o al menos atendibles para mejorar el funcionamiento de la Justicia. Pero advierten que sería impracticable algún tipo de consenso porque ese camino, sugerido por la “Comisión Beraldi”, estaría concebido para frenar causas por corrupción con el argumento del lawfare.
Por supuesto, tampoco es un sendero allanado si pasa la prueba de la sanción. Crear un tribunal de esas características requeriría de un proceso largo y difícil, empezando por la designación de sus integrantes y la adaptación de normas procesales. En cualquier caso y en primer lugar, esta vía o la de la amnistía requieren un gesto de decisión política y por lo tanto, un alineamiento sin fisuras del oficialismo. Eso es lo que deberá ser probado antes con otras iniciativas.
El cuadro pintado por estas horas en Diputados lo expone con bastante claridad. El texto de la llamada reforma judicial que salió del Senado fue fruto de una enorme operación realizada por CFK, en acuerdo con gobernadores. Terminó siendo, admiten en medios oficiales, otro proyecto. Llegó a Diputados y quedó frenado por algunas prevenciones internas y por señales adversas de aliados.
El otro proyecto de recorrido con mucha lectura política es el de la reforma del Ministerio Público. Fue impulsado por la ex presidente. Reduce de dos tercios a la mitad más uno de los senadores el aval necesario para designar al jefe de los fiscales, además de imponerle mayores controles. No fue un plan de Olivos y en rigor, complicó la decisión presidencial de buscar algún acuerdo para nombrar procurador al juez Daniel Rafecas.
El pliego fue enviado en marzo. Alberto Fernández sostuvo desde entonces, ante cada consulta, incluso las más reservadas, que Rafecas era su único candidato. El juez advirtió que no aceptaría la designación si era alterada la mayoría requerida hasta ahora para el cargo. El mensaje, antes que formal, resultó práctico: amplio consenso. Hubo algún malestar cerca de Olivos, pero también renovadas versiones de impulso a su coronación.
El mayor interrogante está en el juego del Frente de Todos en el Senado, conducido de hecho por CFK. Las señales contradictorias del oficialismo y el avance con la reforma de la ley del Ministerio Público cerraron los puentes para negociar el pliego de Rafecas, cuyas chances fueron hasta ahora esmeriladas por el kirchnerismo duro.
Habrá que ver ahora cuál es la movida en Diputados. Juntos por el Cambio le reclamó a Sergio Massa que tales proyectos –reforma para el fuero federal y jefe de los fiscales- no integren la agenda para retomar las sesiones. Y de eso dependería su aval a la extensión del actual esquema de sesiones mixtas en la Cámara.
Es una pulseada con final abierto y que podría trasladar el foco a la otra ala del Congreso. El caso del procurador involucra de hecho al Senado y a Diputados. Es un caso fuerte pero, como está visto, no es el único que pone a prueba la estrategia del Presidente en el frente judicial. (Fuente: Infobae)
