Un policía bonaerense que había sido detenido el 6 de enero acusado de integrar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico y que estaba presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, fue procesado con prisión preventiva por una jueza federal que le embargó sus bienes en 1.000 millones de pesos.
Se trata del subteniente de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, quien fue procesado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por organizador de una asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, entre otros delitos.
Además, la jueza ordenó que el policía permanezca detenido y que se le embarguen sus bienes en 1.000 millones de pesos.
Hasta que estalló el escándalo, el 24 de julio pasado, Scapolán, el sindicado jefe de la organización criminal que se dedicaría a robar cargamentos de droga y de extorsionar a familiares de sindicados capos narco, estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. No fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto. Por distintas presentaciones que hizo la defensa aún no fue indagado.
Según la investigación, a cargo del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la organización criminal estaba liderada por Scapolán e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales de la policía bonaerense. Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que defendía a sindicados capos narco, está prófugo desde el 24 de julio.
En tanto, Baeta había sido detenido el 6 de enero pasado en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, tras permanecer más de medio año prófugo en el marco de la investigación sobre una asociación ilícita presuntamente liderada por el fiscal Scapolán, a la que se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015, informaron fuentes de la investigación.
Para la jueza Arroyo Salgado, la participación de Baeta en la organización criminal fue clave, sobretodo por su relación con Diego Xavier Guastini, un contador y financista que fue asesinado en un ajuste narco en octubre del 2017 en el partido bonaerense de Quilmes.
Baeta fue involucrado en la causa por la declaración como “arrepentido” de un exmiembro de la fuerza, identificado como Carlos Maidana, quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento “Leones Blancos” dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el “jefe” de la asociación ilícita.
Según la pesquisa, el policía actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado “Leones Blancos”, realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad. Ese operativo fue dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el “jefe” de la asociación ilícita.
Según el arrepentido, el cargamento de cocaína que se “apoderó” la banda, valuada en casi 3 millones de dólares, fue trasladada a “un local de la calle Urquiza y Carlos Pellegrini” de Quilmes en “unos bolsos azules con manijas negras”, para luego ser llevada a la costa atlántica y ser vendida.
Actualmente, en la causa hay 17 personas procesadas, a 16 de ellas con prisión preventiva, aunque dos -ambos secretarios judiciales- quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Al momento de dictar los procesamientos de dos funcionarios judiciales, diez policías y un abogado, la jueza consideró, en base a dichos de testigos, que la droga de la que se apoderaba la organización era “comercializada ilegalmente” y que el dinero obtenido luego era repartido entre todos sus miembros.
En el mismo escrito, la magistrada hizo referencia al “Leones Blancos” como el operativo en el que la banda se apoderó de 500 kilos de cocaína, mientras que consignó que otros 55 kilos serían producto de tres allanamientos en la zona de José C. Paz llevados a cabo a mediados de 2014, cuando también se pactó con una banda narco la entrega de 300.000 pesos a modo de pago para evitar una causa judicial.
Respecto del dinero obtenido de otras extorsiones a sospechosos a cambio de no detenerlos, los pesquisas establecieron que 30.000 dólares fueron entregados por un supuesto narco de José León Suárez en 2014; 6.000 pesos y 3.000 dólares por otro acusado en mayo de 2015 en Carapachay; y 80.000 pesos por una mujer allanada en 2015, también en José León Suárez. (DIB) FD
