La familia Macri propuso saldar su deuda con el Estado por el Correo Argentino en una sola cuota de $ 1.011 millones, un suma que representa un 16% de la deuda dictaminada por la fiscal Gabriela Boquín, a cargo del caso.
La propuesta fue acercada hoy, en la última audiencia en el proceso de quiebra del Correo Argentino S.A., convocada por la jueza a cargo del expediente, Marta Cirulli, en el Palacio de Tribunales.
El titular de la compañía, Jaime Robirosa, firmó la oferta que también propuso cancelar la deuda con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la AFIP y el Banco Nación entre otros, en 10 años con pagos anuales.
Según la empresa, los $ 1.011 millones es la deuda total de la compañía con el Estado. Sin embargo, la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, ya dictaminó que la deuda es de $ 6.000 millones.
De todos modos, la oferta de la empresa implica una mejora sustancial en el cálculo, ya que Correo Argentino S.A. venía sosteniendo que sus deudas con el Estado eran de $ 296 millones.
En el escrito presentado por Robirosa, bajo la tutela legal del abogado Jaime Kleidermacher, se solicitó también que si el Estado rechaza la oferta se retire de las negociaciones para facilitar el acuerdo con el resto de los acreedores.
El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal Boquín.
Paralelamente se fueron presentando oferentes a la quiebra para pagar las deudas y quedarse con la firma, que hoy no asistieron a la última audiencia, detalle que para fuentes de la fiscalía implica una firme sospecha de que se montó un “escenario ficticio” para obtener un “auto salvataje”.
Si bien la oferta se anticipa insuficiente para la Procuración General de la Nación, que realizó la actualización de la deuda, y también para el Ministerio Público Fiscal, es la jueza Cirulli quien debe evaluar si la acepta o bien decreta la quiebra de la compañía según los plazos legales. (DIB)
