La nueva suba del dólar volvió a encender las alarmas del Gobierno por la situación -y la conflictividad- social, luego de la convocatoria de la CGT a un paro general, los desafíos crecientes de Hugo Moyano y los reclamos de las organizaciones potenciados por la inflación en aumento. Desde el ministerio conducido por Carolina Stanley retomaron los contactos antes de recrear la mesa de diálogo con participación de la Iglesia, con la promesa de mantener la asistencia aunque sin ceder a las exigencias. “De la ayuda social no recortamos un peso y hay que ver cómo sigue el tema precios. Vamos a actualizar todos los programas de alto impacto de acuerdo a la inflación”, aseguraron funcionarios de Nación y provincia de Buenos Aires con la tarea de contener la situación especialmente en estos meses. Si hace unas semanas en la Casa Rosada advertían que la calle podía ponerse más difícil después del Mundial, en estos días admitieron que si no pasan las turbulencias económicas tampoco será fácil el transcurso del campeonato.
El acuerdo con el FMI, entre los compromisos de ajuste del gasto, la obra pública y los subsidios, incluye fondos para intentar calmar la conflictividad. Se trata de una “salvaguarda” para un gasto adicional “en la protección de los más vulnerables” si empeoran las condiciones sociales de hasta $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI en los años siguientes, según la carta de intención. El próximo índice del INDEC dará un aumento de la pobreza, descontaron en la Casa Rosada.
“Ese adicional tiene que ver con la AUH y la jubilaciones mínimas, para cubrir de forma rápida a la mayor cantidad posible. Por ahora vemos la situación delicada de siempre, que está contenida. Lo que nos preocupa es el impacto de la inflación. Evaluamos algún refuerzo para este segundo semestre”, marcaron en el Gobierno. A la actualización de la Asignación por Hijo –con más de cuatro millones de beneficiarios- podría sumarse un bono a mitad de año y los programas sociales –unos 260 mil Hacemos Futuro, que con otros suman casi 400.000- se ajustarán en base al salario mínimo, aunque será parte de una negociación.
Las organizaciones pedirán un 35% aumento de la AUH (desde junio $1.577) y del salario social complementario, actualmente en $4.750 y en $5.000 a partir de julio. También un plan de emergencia con 250 mil puestos de trabajo orientados a obras en barrios populares, la “sanción inmediata” de la ley de expropiación de terrenos e integración urbana y el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria, la de Adicciones y la de Agricultura Familiar. «La quieren toda para los banqueros y los especuladores. Estamos preparando un plan de lucha contundente si fracasan las negociaciones. No vamos a volver al 2000”, aseguró Juan Grabois, de CTEP.
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