El Registro Provincial de las Personas anunció que promoverá las inscripciones judiciales para lograr la inscripción del nacimiento de los bonaerenses mayores de 13 años que no hayan sido inscriptos y deban hacerlo a través de la vía judicial.
Según se informó oficialmente, la medida se enmarca en el Plan Integral Garantizar Tu Identidad, el cual ya cuenta con herramientas para facilitar las inscripciones por vía administrativa, tanto las que se realizan dentro como fuera de los plazos legalmente establecidos.
El nuevo procedimiento brinda facilidades a las inscripciones que deben realizarse por vía judicial, sumando un ámbito de actuación donde por primera vez el Registro asume un rol proactivo para garantizar los derechos de los bonaerenses.
Cuando un ciudadano indocumentado se presenta en una delegación, o es detectado a través de relevamientos territoriales u operativos como El Estado en tu Barrio, el Registro procede a conformar un legajo con sus datos, iniciando los expedientes administrativos a los efectos de recabar la documentación y materia probatoria para promover finalmente la demanda judicial ante el Fuero de Familia de del Departamento Judicial La Plata.
De este modo, ya se efectuó la confección y radicación de las primeras demandas en el mes de octubre, en base a 15 casos correspondientes a Lomas de Zamora.
Por otra parte, se mantuvieron conversaciones con la Suprema Corte provincial y los Juzgados de Familia departamentales, para abordar el problema del subregistro en forma integral, logrando acordar criterios y pruebas necesarias para lograr sentencias con celeridad y eficaces.
De esta manera, se estima que el plazo para obtener una resolución judicial que permita inscribir y documentar al ciudadano se verá reducido de manera drástica: de los 2 a 5 años que demora en la actualidad a un plazo no mayor de un año. Ya han obtenido sentencia favorable 4 de los casos presentados, en menos de dos meses.
La falta de registración del nacimiento, y el hecho consecuente de no poder contar con un DNI, tiene un impacto negativo para las personas, dificultando el acceso a una educación completa, al sistema de salud, al empleo y a las diferentes líneas de seguridad social que brinda el Estado para la población en situación de vulnerabilidad o pobreza.
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