Causa “Vialidad”: antes del pedido de condena, más de 500 intendentes del interior salieron apoyar a CFK

Son jefes comunales de 22 provincias. Emitieron una carta en la que repudian la “persecución judicial” y sostienen que se pretende “condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente” a la vicepresidenta.

Más de 500 intendentes del interior salieron a repudiar hoy la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el arco de la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y, en vísperas de conocerse el pedido de condena del fiscal Diego Luciani, rechazaron la “utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social”.

La misiva está firmada por jefes comunales de 22 provincias: Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En el escrito, los intendentes manifiestan su “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

“La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, advierte el grupo de alcaldes.

En esta línea, los intendentes consideraron que “las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país”, mientras que llamaron “a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

La carta de los jefes comunales surge un día antes del final alegato final en la llamada causa “Vialidad”. Allí, según trascendió, Luciani solicitará una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, además del decomiso de sus bienes. (DIB) MT