Toda sociedad que aspire a desarrollarse de manera armónica necesita construir reglas de convivencia basadas en la responsabilidad, la solidaridad y el esfuerzo compartido. Cuando esos principios se debilitan, aparecen fenómenos que terminan afectando al conjunto de la comunidad. Entre ellos, la informalidad laboral y la evasión de las obligaciones previsionales y fiscales constituyen uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo.
Con frecuencia se analiza esta problemática únicamente desde una perspectiva económica o recaudatoria. Sin embargo, sus consecuencias son mucho más profundas. Cada trabajador que permanece fuera de los registros formales representa un aporte menos para sostener el sistema jubilatorio, una contribución menos para financiar las obras sociales y un recurso menos para atender las necesidades colectivas a través de las políticas públicas.
Las jubilaciones no se financian de manera abstracta. Son el resultado del esfuerzo solidario de generaciones de trabajadores que aportan durante su vida activa para garantizar protección a quienes han culminado su etapa laboral. De igual manera, las obras sociales encuentran su sustento en un sistema de contribuciones que permite brindar cobertura sanitaria a millones de personas. Cuando la informalidad o la evasión se extienden, ese entramado solidario comienza a resentirse.
Desde una mirada justicialista, la cuestión adquiere una dimensión aún más significativa. La Comunidad Organizada que proponía el General Perón se sustenta en el cumplimiento de los deberes de cada sector para garantizar los derechos de todos. No puede existir verdadera justicia social si algunos se benefician de los servicios y protecciones que brinda la sociedad sin realizar el aporte que les corresponde para sostenerlos.
Combatir la informalidad no implica solamente fortalecer los mecanismos de control. Requiere también promover una cultura de responsabilidad social, generar condiciones para el desarrollo productivo, acompañar a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de formalización y comprender que el trabajo registrado constituye una herramienta fundamental de dignidad y movilidad social.
La construcción de una sociedad más justa demanda equilibrar derechos y obligaciones. Así como es legítimo reclamar mejores jubilaciones, una salud accesible y servicios públicos de calidad, también resulta imprescindible asumir el compromiso de contribuir al sostenimiento de esos sistemas.
La informalidad y la evasión no son problemas que afectan únicamente al Estado. Debilitan los lazos de solidaridad que mantienen unida a la comunidad. Por ello, su reducción debe constituir una política permanente y un objetivo compartido por trabajadores, empresarios, organizaciones intermedias y dirigentes.
Una comunidad más justa y equilibrada no se construye solamente distribuyendo recursos. También se construye fortaleciendo la responsabilidad colectiva, promoviendo el trabajo formal y garantizando que cada uno aporte, según sus posibilidades, al bienestar de todos.
Alfredo Gustavo Barrera
