Se conocieron nuevos detalles de la denuncia penal, identificada como IPP Nro. PP-03-01-000049-26/00 ante la UFI Descentralizada Nro. 9 de Chascomús, por el presunto delito de estafa en la Escuela Municipal Nro. 1 “Juan Galo de Lavalle”.
La misma fue radicada por quienes se desempeñan como Secretaria y Tesorera del Consejo de Padres de la Escuela Municipal N°1 Juan Galo de Lavalle de Chascomús. Ambas autoridades actúan en representación de la institución encargada de administrar los fondos del comedor escolar, los cuales provienen de aranceles generales y montos mensuales fijados en reuniones conjuntas.
La denuncia describe un presunto esquema de estafa bajo la figura del artículo 172 del Código Penal, el cual prevé penas de prisión para quien defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada o abuso de confianza.
El denunciado es el Presidente del Consejo de Padres, quien aprovechando su rol y la confianza depositada por sus pares, ejercía un control predominante sobre las finanzas institucionales.
Según la acusación, el implicado retiraba las chequeras de la entidad bancaria y solicitaba firmas en blanco a las otras autoridades bajo el pretexto de agilizar pagos a proveedores, evitando que los documentos fueran controlados.Además, se señala que el Presidente retaceaba información financiera, manifestando falsamente la imposibilidad de obtener resúmenes bancarios impresos para eludir cualquier tipo de auditoría interna.
Las irregularidades financieras detectadas arrojan un perjuicio total de $75.688.500. El foco de la investigación se divide en varias series de cheques con inconsistencias graves; una de las más alarmantes corresponde a una chequera completa —del número 11197701 al 11197750— que fue retirada por el Presidente en abril de 2025 y nunca fue entregada para su custodia administrativa. Los resúmenes bancarios revelaron que estos valores fueron debitados por montos de entre $1.500.000 y $3.000.000, cifras que resultan ajenas a los gastos operativos habituales de un comedor escolar.
Asimismo, se detectaron maniobras con chequeras que sí estaban bajo custodia, donde se advirtió la desaparición de los últimos números de cada libreta, los cuales terminaron siendo cobrados sin respaldo documental. Por ejemplo, en una de las series se descubrieron débitos efectuados en enero y febrero de 2025, meses en los que la escuela permanece cerrada por el receso de verano y no registra actividad comercial. Otro punto crítico menciona la alteración de montos: un cheque registrado internamente por $80.000 para gastos del Consejo terminó siendo debitado por la suma de $2.000.000. Estas prácticas no fueron aisladas, ya que se identificaron movimientos similares durante el año 2024 por una suma superior a los $12.000.000.
Ante la gravedad de los hechos, las denunciantes solicitaron formalmente al Ministerio Público Fiscal que se arbitraran los medios para la sustanciación de la denuncia y se diera inicio a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) correspondiente. Asimismo, requirieron ser tenidas en cuenta como particulares damnificadas para ejercer su derecho de defensa y seguimiento de la causa, buscando determinar la responsabilidad penal del acusado y el destino final de los fondos sustraídos del Consejo de Padres.
